Mi visión sobre los retos que tenemos como país

El proceso de globalización económica, de progreso científico tecnológico, la creciente internacionalización de la vida social, la amenaza al ambiente, la escasez crónica, la desigual distribución de la riqueza, la inseguridad ciudadana, la exclusión de amplios grupos del progreso económico son los retos que enfrenta la Nación costarricense.

La escasa participación de la sociedad civil en los partidos políticos, lo mismo que la debilidad, ineficiencia y la descomposición del aparato estatal, se vuelven en una paulatina apatía de los habitantes del país por los asuntos públicos y en un peligroso sentimiento de frustración hacia los fines y medio de la democracia.

La colectividad política debe ser garante de la libertad y la dignidad de todos. Debe ser la fuente del desarrollo personal buscando el establecimiento de iguales oportunidades para todos.

La igualdad de derechos y deberes, en el marco del respeto a la diversidad humana, debe ser el fundamento para el desarrollo de las capacidades, los intereses y la creatividad individuales; y de ahí, el desarrollo nacional.

Creo que la libertad trae consigo la obligación de poner los talentos personales al servicio de la colectividad, así como de buscar permanentemente la aplicación de los valores de justicia, igualdad y solidaridad, en las relaciones con los demás.

El desarrollo al que aspiramos como nación, solo podrá ser alcanzado en un régimen democrático, caracterizado por un posibilidad de acceso igual para todos, con niveles de gestión, organización, participación y calidad de vida que configuren el Bien Común.

El objetivo final de la economía es la satisfacción de las necesidades de las personas y su calidad de vida. La producción de bienes constituye un medio para la satisfacción óptima de las necesidades y niveles crecientes de calidad de vida;no es un fin en sí misma.

Para conjurar el aumento en el costo de la vida, que empobrece a la población y disminuye su calidad de vida, ha de promoverse el crecimiento y la eficiencia de las empresas, especialmente de las medianas y pequeñas, y con ello, generar empleo y aumentar los salarios reales. En esa misma línea, el mercado es la forma de organización de la economía que corresponde a la democracia en libertad y al Estado Social de Derecho. Libre mercado y un Estado con un rol social; un "Estado subsidiario", sin llegar a degenerar en Estado de Bienestar es lo que se debe buscar.

El mercado es un mecanismo de carácter meramente económico, donde se enfrentan las fuerzas de la oferta y la demanda. Por medio de esa coordinación, para la que se utilizan los precios, lo que se pretende conseguir es eficiencia económica y equidad en los procesos de interacción entre los diferentes sectores de la economía de cualquier nación.

Los mercados, libres de interferencias estatales y de monopolios, han probado dirigir de la mejor manera la oferta y la demanda, porque permiten que la producción se guíe por los deseos de las personas.

Los ciudadanos, y suplementariamente el Estado, debemos asegurarnos de que, en el proceso de obtención de la justicia económica, se logre también la justicia social.

Asimismo, se deben tomar las medidas necesarias para que el crecimiento económico que se alcance, llegue a todos los sectores equitativamente.

Objeto la suposición de que por la sola inercia o el “fluir” del sistema económico, todos los ciudadanos van a participar y beneficiarse, automática, efectiva y equitativamente del crecimiento económico. Por eso sigo creyendo en La Economía Social de Mercado ,que parte de la premisa de que la libre interacción de los agentes económicos, en un marco de competencia y racionalidad, lleva a establecer condiciones mutuamente beneficiosas para las partes.

La “doctrina” de la Economía Social de Mercado sostiene que el sistema económico más eficiente y que genera mayores niveles de riqueza es la economía de libre mercado, pero para que esta funcione bien, necesita mantener un alto nivel de competitividad, de tal manera que toda la sociedad resulte beneficiada del libre comercio; para cumplir con ese objetivo, el Estado debe tener una activa política contra los monopolios y oligopolios, ya que esas deficiencias del mercado atentan contra la economía libre, y por ende contra el bienestar y la estabilidad social.

Sobre el ICCC

La relevancia que representa para el país la creación del hospital oncológico o “Hospital contra el Cáncer”, como se le ha dado a llamar, es controversial; el tema ha recibido amplia cobertura de algunos noticieros y medios de “descomunicación”, dejándose decir incluso que el 25 por ciento de los médicos en Costa Rica no le encuentran el beneficio directo a al creación del centro medico(la fuente cientifica del estudio que brinda semejante resulta se omite por inexistente).

Lo cierto del caso es que la Ley 7765 que crea el Instituto Costarricense contra el Cáncer (ICCC), lo establece como el órgano encargado de la investigación, capacitación, prevención y tratamiento de esta enfermedad, que, a las pruebas me remito, no sido posible sea manejada correctamente por la CCSS, y que por su relevancia requiere un ente rector, que, para darse una idea:

La Organización Mundial de la Salud, estima que la incidencia mundial del cáncer podría aumentar en un 50 % y llegar a 15 millones de nuevos casos en el año 2020.
Aquí en Costa Rica según el Instituto Nacional Estadísticas y Censos y el Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud, se presentan aproximadamente 8.000 nuevos casos de cáncer al año (un caso nuevo cada 60 minutos).

El Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud, informa que en el año 2004 murieron 3.555 en nuestro país, a causa de tumores malignos (cada 3 horas muere una persona en nuestro país por cáncer).

Por lo que estoy convencido que la creación de este centro especializado en cáncer implicará una diferencia significativa en la situación de salud del paciente con cáncer en nuestro país. En todo caso, sea como sea, el dinero que ya el ICCC tiene (aprox. 35 millones de dólares) no se vale que se los festine por medio de un transitorio en una ley que busca un cambio de nombre para la Junta de Protección Social de San José.