Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del trece de agosto del dos mil siete

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N° 24-2.007
con asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Aguirre, Villanueva, van der Laat, Varela, Vega, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Solano, Calzada, Jinesta y los Suplentes Gerardo Parajeles Vindas y Roxana Salazar Cambronero, sustituyendo por su orden, a la Magistrada Escoto y al Magistrado Cruz, a quienes se concedió permiso con goce de salario para otras actividades del cargo.

ARTÍCULO XXII
El señor Ricardo Antonio Salas Bonilla, Coordinador del grupo “Dí la Cara” amigos de Miguel Ángel Rodríguez; en nota de 17 de julio pasado, manifiesta:
“Reciba un respetuoso y muy atento saludo; además del más profundo agradecimiento por la gentileza de recibirnos de manera tan expedita.
Como usted sabe, el pasado jueves 12 de julio de 2007, se cumplieron mil días, desde que el Ex Presidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría renunciara a la Secretaría General de la OEA, y regresara al país para enfrentar las acusaciones por supuestos actos de corrupción, que un delincuente confeso hiciera en su contra, en una negociación de su castigo con la fiscalía.
Hoy, más de 1000 días de esto, don Miguel Ángel, que ha estado en prisión, que ha sufrido de vejámenes y violaciones a su condición de ser humano, según lo resolvió la misma sala constitucional de la Corte y sobre quien pesan medidas cautelares, no ha sido acusado, no ha sido juzgado, ni ha sido encontrado culpable de nada.
Con este aniversario tan triste, un grupo de amigos, que hemos organizado antes otras actividades, como la presentación de su libro “Di la Cara. Una batalla por el Estado de Derecho”, en el Colegio de Abogados de Costa Rica, una cadena de televisión, y varias giras alrededor del país, para presentar dicha publicación editada por Editorial Planeta, nos hemos organizado nuevamente; esta vez para recoger firmas de costarricenses de bien, de los mas diversos orígenes y estratos; todos preocupados por la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos más elementales, para presentar la adjunta nota ante la Corte Suprema de Justicia.
En este documento, firmado por 2965 costarricenses, y que cuenta con el apoyo de otras personas de diversas nacionalidades alrededor del planeta, lo que solicitamos, no es más que Justicia pronta y cumplida, respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos elementales de alguien que, antes de Ex Presidente o Ex Secretario General de la OEA, es un ser humano.
Somos conocedores de la importancia de la independencia del Poder Judicial, somos respetuosos de la misma y nuestro deseo, más que ejercer una indebida presión, es que desde su posición y dentro de sus posibilidades legales, nos ayude a que la máxima constitucional de “Justicia Pronta y cumplida” sea una realidad en el caso particular de nuestro amigo, don Miguel Ángel Rodríguez, así como de todos aquellos costarricenses que pudieran estar viviendo su misma situación.”
El Presidente, Magistrado Mora, dice: “Me parece que mejor analizamos este tema cuando tengamos más Magistrados presentes en la reunión.”
Manifiesta el Magistrado Vargas: “A mí me parece que los ciudadanos tienen todo el derecho de hacerle llegar a este pleno ese tipo de gestión, pero el pleno lo que tiene que hacer es archivarlo sencillamente, porque no podemos hacer otra cosa, ellos lo que están pidiendo, si lo entendí bien, es justicia pronta y cumplida, pero esta Corte no puede hacer absolutamente nada para que un Tribunal que corresponda dilucidar la situación jurídica del señor expresidente en esta causa la defina con prontitud o no. Ese es un problema en que nosotros ni podemos ni debemos intervenir en ese tipo de cosas. De manera que mi opinión, respeto su sugerencia señor Presidente, pero yo creo que en este caso lo que hay que hacer es sencillamente acusar recibo sin pronunciamiento alguno.”
El Presidente Magistrado Mora señala: “Según señalé me parece que esto deberíamos de disponerlo con un quórum que represente realmente el criterio de la Corte. Yo no diría que los quince que estamos no represente ese criterio, desde luego que si, pero estimo que si fuéramos a tomar una determinación como la que nos dice el Magistrado Vargas, pues podríamos seguir teniendo dificultades en el tratamiento de este asunto.”
Adiciona el Magistrado Arroyo: “No sé si en aras de tomar decisión y no postergar las cosas, si al Magistrado Vargas le podría satisfacer la fórmula de contestar cuál es el procedimiento dispuesto en la ley para este tipo de reclamos, es decir, se está reclamando lo que la ley prevé claramente cómo es que se debe de resolver. Si se estimara que mejor estuviéramos veinte o veintidós pues yo no tengo ningún problema, pero me parece que en el fondo eso es lo que procede, nosotros no podríamos recomendar nada que la ley no diga ya como se hace.”
El Presidente, Magistrado Mora, indica: “En el tema ya hay un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.”
Agrega el Magistrado Vargas: “Justamente en ese sentido, es decir, me parece inconveniente que la Corte Plena tramite una gestión de este tipo. A mí por ejemplo como juez sentiría algún tipo de presión, lo digo con toda franqueza. Por eso creo que nosotros debemos andar con sumo cuidado en este tipo de asuntos, y como no somos competentes para intervenir en este tipo de cosas, se acusa recibo de la nota sin pronunciamiento alguno. Ahora, si el pleno considera que quince no somos suficientes pues entonces yo no sé cuáles otros artículos aquí que están pendientes si tienen importancia para que quince le digamos que si o que no.”
Adiciona el Magistrado Arroyo: “Yo respeto muchísimo la posición del Magistrado Vargas, me parece que tiene mucho fundamento; el problema es de quién se trata, porque yo estoy haciendo un esfuerzo por entender qué pasaría si cualquier ciudadano, cualquiera de los cincuenta mil acusados penales que hay en este momento haría una gestión como esta, ¿qué haríamos nosotros?, ¿qué es lo que esta Corte haría? Entonces me parece que con ningún otro criterio deberíamos actuar.”
El Magistrado Chaves menciona: “Es que los firmantes plantean que don Miguel Ángel no ha sido acusado, no ha sido juzgado, ni ha sido encontrado culpable de nada. Ya don Miguel fue acusado, según entendí en los periódicos, entonces creo como ya una de las cuestiones que ellos están pidiendo se cumplió, pues entonces sólo deberíamos de tomar nota de este asunto, porque ya don Miguel Ángel está acusado, ya lo demás son trámites puramente judiciales que la Corte Plena no tiene nada que ver. A lo sumo, si no hubiera sido acusado hubiéramos podido pedir al Ministerio Público informe del por qué, a lo sumo, pero en este momento ya está acusado, o sea, ya lo demás es trámite judicial común y corriente a lo cual la Corte no tiene ninguna intervención, yo por eso tomaría nota del tema porque ya se cumplió uno de los objetivos que ellos querían.”
El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Vamos a poner a votación el tema, una posibilidad sería por señalar de que el Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento a seguir en estos casos; la otra opción sería por archivar.”
Dice el Magistrado Vargas: “Yo entiendo don Luis Paulino, viene siendo lo mismo y entiendo la preocupación del Magistrado Arroyo, pero me parece que también mil o cincuenta personas ciudadanas podrían venir aquí a pedir también justicia pronta y cumplida para muchos que están todavía con casos pendientes, y si nosotros empezamos a meternos en ese tipo de cosas yo creo que en el pasado se dijo que los Magistrados ejercían presiones sobre jueces, esto a mí no me consta porque yo desde que estoy aquí nunca he tenido la sensación de que eso ha ocurrido, estoy absolutamente seguro de que eso no ha ocurrido, pero me parece que lo lógico en este caso, bueno, yo archivaría pura y simplemente.”
Menciona el Magistrado Solís: “Pregunto si la nota que firma este señor Ricardo Antonio Salas Bonilla es dirigida a la Corte Plena, o solamente a usted señor Presidente; que es un tema también a efectos de decir si como Corte tomamos acuerdo o no. En segundo lugar, para mí no hay ningún problema en que digamos algo y lo que tenemos que decir es lo que dice la ley, nosotros, Corte Suprema de Justicia en función administrativa somos un órgano administrativo y que por el principio de independencia judicial la tramitación que llevan los procesos penales, cuáles quiera que sean las características de los imputados, es resorte exclusivo del tribunal encargado de conocer esa causa. No hay que tampoco dejar de lado que la nota tiene un efecto eminentemente externo a lo que se quiera dar y es un tema de casi, diría yo, de carácter propagandístico, publicitario, mencionan a la Corte Interamericana, etc., etc. Entonces para mí o se da el simple acuse de recibo si fue dirigida a la Corte Plena, o se responde diciendo esto no es de nuestra competencia porque somos un órgano máximo en gestión administrativa y la tramitación de los procesos penales se hace de conformidad con las exigencias de la legislación penal aplicable.”
El Presidente, Magistrado Mora, aclara: “Efectivamente la nota que a mi me entregaron no dice que sea dirigida a la Corte, pero en las notas que cada una de las personas firmaron, que dicen son mil, se dice “hacemos un firme llamado a la Corte Suprema de Justicia para que asuma su responsabilidad constitucional y haga realidad en este caso como en cualquiera, el respeto al sagrado principio de justicia pronta y cumplida consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución Política”. En su oportunidad yo consulté sobre el proceder a los señores Presidentes de las Salas, en Consejo Consultivo, en ese momento no estaba la Magistrada León, la sustituía el Magistrado Rivas, y les pareció de que en razón de que aquí se pedía directamente a la Corte y que la gente que me lo entregó me había hecho la misma solicitud, lo que se estaba requiriendo es un pronunciamiento de la Corte.”
Manifiesta la Magistrada Villanueva: “Me preocupa el tratamiento diferente y la reacción diferente, y lo digo por mi; yo tengo muy claro que en el fondo del asunto nadie puede interferir en los órganos, pero cuando alguna persona se queja por atrasos, yo me preocupo y siento como mío que el funcionamiento sea el normal. En muchos casos he acudido a la Contraloría de Servicios y he trasladado cuando recibido la queja de fulano sobre atrasos en los asuntos, entonces les digo “le remito para lo que legalmente le corresponda”. Yo siento que en cuanto al funcionamiento y a la respuesta de la Institución, no en cuanto a cómo se resuelva, hay una responsabilidad nuestra, me parece, y así he actuado y que esa responsabilidad está desde los nombramientos que hacemos, desde los sistemas de sustitución y de toda la organización administrativa de Poder Judicial. Es claro que este asunto, como ustedes bien lo hicieron notar, tiene connotaciones que lo hacen a uno incluso alejarse y pensar pues mejor quitarse esto, y eso parece como que está bien; pero yo he de decir y sinceramente decirlo con claridad, no he actuado así cuando alguna persona en la calle me dice tengo un depósito judicial del encargado de los seguros del Colegio de Abogados que decía que hacía añales no le habían girado esta plata. Yo cogí su correo y se lo pasé a doña Lena White y le dije para lo que corresponda legalmente le remito esta inquietud. Ahora recuerdo otra cosa y yo no sé si entonces es que lo he hecho mal, había un señor de Puntarenas que llamó por teléfono a mi oficina, que hará unos treinta y cinco años no lo había visto y eran veintitrés mil colones su depósito, un pescador, que fue vecino de nosotros en Puntarenas y llamó para decirme “es que tengo un depósito pero me han dicho que se pasó aquí, que se pasó allá”, bueno, yo trasladé esa inquietud con los datos que me dio y le dije el teléfono es tal y le puse a la Contraloría de Servicios. Esto es para decirles que cuando hay una queja yo me preocupo, no en cuanto al fondo, no si procede o no la gestión pero si el servicio es o no el que corresponde.
Bueno, en este caso lógico que hay un contexto que amarra muchas cosas que nos presiona a todas y a todos, y quisiera que con tranquilidad visualizáramos eso. Otra de las opciones que yo veo es sin ningún pronunciamiento pasarle a los órganos encargados de la investigación para que vean que si hay o no razonabilidad y cumplimiento de la ley, a los mismos órganos. Personalmente yo quisiera tener esa opción, porque me parece que decir que si funciona esto rápido o no rápido no es asunto nuestro, ese no ha sido ese mi comportamiento con la Institución y no he sido indiferente nunca a una preocupación ciudadana y he tratado de hacer, respetando los procedimientos, lo que corresponde y no quisiera como actuar un poco diferente. No deseo nunca favorecer o no favorecer a nadie, sino que en todo caso el Poder Judicial actúe de la manera más adecuada. Mi voto sería para trasladar esto a los órganos que correspondan para que analicen si la queja tiene o no fundamento, pero por lo menos que se enteren quienes están con esto en sus manos y vean a ver si tienen o no razón, pero de otra manera no siento que las opciones que se pusieron sean congruentes con la manera que yo he actuado antes.”
Expresa el Magistrado González: “A mí me parece que no son incompatibles, si usted me lo permite Magistrada Villanueva, como una humilde y simple sugerencia. Señalar que este tema no corresponde en cuanto al fondo ni en algún aspecto a la Corte Plena, que es un órgano ajeno respetuoso de la independencia del juez, etc. etc., de lo que se piensa decir y que el trámite es este, y poner en comunicación de las autoridades pertinentes para que valore las manifestaciones y apreciaciones que hacen los firmantes, a fin de que aprecien un eventual retraso. Es una diferencia tan sólo.”
Refiere la Magistrada Pereira: “Iba en el mismo sentido de retomar un poco la inquietud de la Magistrada Villanueva, y a la opción primera simplemente al final agregar que remítase a la Contraloría de Servicios como cualquier otra causa.”
El Magistrado Solís Adiciona: “Ahora que hacemos memoria, yo creo, si no se nos ha olvidado, hace como dos años y medio vino a la oficina de don Luis Paulino un grupo de ciudadanos y nos pidió que los Magistrados de la Sala Primera lo acompañáramos a atender aquella reunión. Era una hora un poco difícil, a la una de la tarde, y estuvimos dos Magistrados de la Sala Primera, si la memoria no me falla, porque un grupo de ciudadanos encabezados por un expresidente de la República, don Rodrigo Carazo, un político como don Cristian Tattemback -ya desaparecido-, intelectuales universitarios, dirigentes sindicales; en fin, personas que representaban distintos segmentos de la sociedad costarricense a nivel político, a nivel académico, a nivel social, etc. Venían a entregarnos una nota de queja y exigiendo la definición de esta Corte sobre un tema muy puntual que se estaba dando con un juicio agrario que se estaba tramitando en Sarapiquí, sobre el tema de unos campesinos precaristas que habían invadido, en principio, unas tierras propiedad de la bananera y manifestaban influencias indebidas de un exmagistrado, que en ese momento era examagistrado que se hallaba en uso de su profesión y unas actuaciones que en el criterio de estos ciudadanos denunciantes, ponían en tela de duda la imparcialidad del Juez Agrario. Ellos firmaron la nota y se la entregaron a don Luis Paulino, vino a Corte Plena y lo que la Corte Plena decidió fue trasladarle esa nota a los órganos correspondientes, y como estaba de por medio una denuncia contra un juez, a la Inspección Judicial para la investigación y debida resolución de ese tema, que yo no sé después que habrá sucedido, porque el tema nunca regresó a Corte Plena, me imagino que la Inspección Judicial determinó lo que tuvo que determinar, pero hasta ahí fue la participación que se hizo por parte de la Corte Plena. Sólo que en ese caso era una denuncia dirigida a un caso puntual, a un expediente definido que ya estaba siendo tramitado como un juicio, si la memoria no me falla, ordinario de reivindicación agraria. Lo traigo a colación para recordar que hay veces que la Corte hace esos traslados de denuncias a los órganos correspondientes. En este, en puntual, sinceramente yo nada más me leí lo que viene transcrito en la agenda que aparece en la versión electrónica, y no me leí las notas adjuntas que han firmado ese grupo de ciudadanos. Yo no sé en este momento si está abierta o no la causa penal contra esta persona, entonces planteo una duda: ¿nosotros como Corte Plena podemos trasladarle a un órgano disciplinario o de investigación disciplinaria, actuaciones del Ministerio Público, de la Fiscalía General? ¿Somos en ese sentido también competentes para hacer esas valoraciones para un caso concreto?, porque entonces, de darse esa decisión se le estaría trasladando a la Inspección Judicial, eventualmente que es el órgano competente o al Fiscal General y entonces el Fiscal General nos va a responder lo que él considere oportuno responder. Entonces, con todo respeto, pero sinceramente, sería como un pase de trasladar ese problema allá para que allá nos devuelvan el problema hacia acá y no tomamos decisión alguna. Es como decía muy bien la Magistrada Villanueva, que es como una brasa que quema las manos y tirémoslo al primero que pase y ojalá que la ataje bien, pero yo creo que no es eso, creo que es algo más que eso, es algo más que va en la línea de entender cuál es la posición de la Corte Plena, actuando como Corte Plena en este tipo de debates; porque de pasárselo para que la Fiscalía nos dé una respuesta de qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha dejado de hacer en ese expediente; con todo respeto, sería peligrosísimo y desde ya doy mi voto negativo, ¿pero entonces qué es lo que vamos a pedir a esos órganos? Primero, saber a cuáles órganos le vamos a pasar esta candente documentación, y segundo, qué vamos a esperar de esos órganos. Porque si lo que vamos a hacer es quitarnos las brasas yo votaría para que aquí dijéramos lo que inicialmente queríamos decir, que eso procesalmente no es posible, la independencia del juez, es que está ya a nivel jurisdiccional y no de actividad de investigación del delito, etcétera; pero sí verlo en su debido entorno.
También les recuerdo que esta no es la vez primera que viene un tema sobre este caso aquí. Propiamente el afectado, el señor Miguel Ángel Rodríguez, en varias ocasiones ha mandado notas de protesta, pidiendo investigaciones y en algún caso hasta se le dio traslado de esa investigación o se le pidió información a la Fiscalía General y creo al Organismo de Investigación Judicial, por las actuaciones realizadas por esas unidades de la Fiscalía y administrativas con ocasión de su detención. Entonces el tema hay que verlo, no individualmente, sino también en su debida dimensión. Es un tema complejo, porque complejo también es el caso como también la situación es de naturaleza eminentemente de política institucional, al respecto. Por eso la decisión que tomemos debe estar muy de la mano con anteriores decisiones que sobre esta misma persona la Corte ha tomado en meses pasados.”
Dice el Presidente, Magistrado Mora: “Voy a contestar un par de temas de los que plantea el Magistrado Solís. Como había pensado que este tema lo mejor era que lo dejáramos para otra ocasión, pues no tuve oportunidad de decir qué fue lo que ocurrió con anterioridad a lo que se ha referido. Don Antonio y otras personas más llegaron a mi oficina a dejarme este documento y a decirme que tenían interés de que la Corte hiciera pronunciamiento al respecto. Yo les dije que el tema, prefería primero consultarlo con los Presidentes de Sala, porque me parecía que podía existir una interferencia en el principio de independencia de los jueces. Ellos mismos me dijeron que era lo que menos querían, que no tenían ningún interés de que se fuera a pensar de que aquí se estaba presionando a la Judicatura, que lo que estaban señalando es que este asunto tenía más de mil días de tramitación y no se tomaba una definición y que ya era tiempo de que se hiciera. Dos o tres días después, yo puedo jurar solemnemente que no hice llamado al Ministerio Público informándole sobre la petición, se presentó la acusación en este caso. Para mí fue una circunstancia que incide entre lo que me dijeron era la pretensión mayor que se tenía por parte del grupo. Estimo que el criterio de la Magistrada Villanueva de que enviemos esto a la Contraloría de Servicios, puede ser una buena forma de resolver, pues es un órgano que podría establecer si en el caso se ha dado una falta a la debida atención de un usuario. En los escritos y la conversación que tuve con los que me los entregaron no se dice ni se me dijo, que lo que se pretendía era la aplicación del régimen disciplinario. Si esa fuera la pretensión, así debió decirse y presentarse la queja ante el órgano correspondiente, cosa que no se hizo, lo que se me dijo en esa oportunidad es el interés de que el asunto tuviera ya prontamente un desenlace y eso fue lo que ocurrió dos o tres días después.”
El Magistrado Vargas añade: “Recuerdo que a la Sala Constitucional en varias oportunidades ha acudido gente mediante el recurso de Habeas Corpus, particularmente recuerdo en este momento el caso del expresidente Calderón Fournier, en que la defensa se presentaba a la Sala diciendo que se había extendido demasiado la investigación y solicitaban consecuentemente que se ordenara la celebración del juicio, que se presentara la acusación. La Sala, por mayoría, declaró sin lugar los recursos, porque nos pareció que hay unas instancias y unos procedimientos en la legislación que corresponde a la defensa hacer uso de ellos y creo que este es un caso de esos. La Sala Constitucional no trasladó nada a nadie y no creo yo que en este caso tenga que intervenir, con todo respeto, la Contraloría de Servicios, ¿por qué? porque es un asunto jurisdiccional; el Código Procesal establece un mecanismo para que la gente vaya donde el juez, para que el juez ordene al Ministerio Público y le dé un plazo para terminar la investigación; pero bueno, hay investigaciones que son de una altísima complejidad y entonces toma mucho tiempo, hay mecanismos también que los mismos Tribunales permiten la extensión de plazos para continuar una investigación. Yo de todas maneras lo único que pido es que se me ponga la alternativa que está en este momento en la pantalla como dos, porque quisiera que quede registrado que no voy a dar un paso en una gestión de esta naturaleza, porque esta Corte es absolutamente incompetente para dar trámite a una gestión de esta naturaleza.”
La Magistrada Villanueva señala: “Con la explicación del señor Presidente acerca de la conversación, yo deduzco entonces que lo que ellos solicitaban era la presentación de la acusación, y que esa acusación ya sucedió; Entonces desde mi óptica eso varía, porque yo lo que no creo es que no acudiría nunca a la Inspección, por ejemplo, porque mi objetivo o mi finalidad en esto es que los procesos y los trámites legales se cumplan y se realicen y por eso no opto nunca por ir a la Inspección si no hay una gravedad que sea clara y manifiesta, sino lograr lo que la gente reclama que parece procedente o que determinen que es procedente. Si en este caso ya el objetivo se cumplió entonces más bien la explicación era en el sentido de lograr lo que se pretendía y si eso ya se logró entonces las cosas cambian.”
Recibida la respectiva votación, por mayoría de doce votos, se acordó: Tomar nota de la misiva del señor Ricardo Antonio Salas Bonilla, a quien se hace de conocimiento que para la situación que expone, el Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento a seguir. En ese sentido emitieron su voto los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León, González, Aguirre, Villanueva, Vega, Arroyo, Pereira, Chinchilla y el Suplente Parajeles Vindas.
Los Magistrados Chaves, Vargas y la Suplente Salazar Cambronero, votaron por archivar la nota del señor Salas Bonilla, sin más pronunciamiento.
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A las 16,40 finalizó la sesión.