En los periódicos de Costa Rica,
leo con alegría como, los representantes de de partidos colocados a extremos ideológicos
como el Frente Amplio (izquierda) y el Movimiento Libertario (derecha) celebran
un triunfo conjunto en cuanto a la resolución por parte del tribunal
constitucional sobre la violación al derecho de justicia pronta y cumplida para
con dos sindicalistas que ha sufrido una indebida y prolongada prisión preventiva.
Otto Guevara y Gerardo Vargas encabezaron una marcha para protestar por el
caso, que había venido hasta entonces manteniendo un perfil bajo y había pasado
más bien desapercibido.
Ahora quisiera pedirle una
lectura sobre otro acontecimiento del que escribo a menudo, este si con el
impacto mediático y político como es un proceso penal en contra de un
Expresidente de la República, que por estas circunstancias conlleva una inmensa
carga emotiva que indudablemente afecta las percepciones de los ciudadanos.
Van ya casi
11 años desde mi amigo don Miguel Angel
Rodriguez Echeverria volvió voluntariamente a Costa Rica para someterse a la autoridad
de los tribunales costarricenses ante las acusaciones que en su contra se vertieron
en el denominado caso ICE-Alcatel. Como algunos saben, me une una relación, que
yo califico como cercana con don Miguel Angel, y es por ello, así como por la
estar muy pendiente al caso, que conozco detalles que no salen en la prensa,
pero todo, absolutamente todo lo expuesto, por más poco creíble que pueda
parecer, incluso a los abogados que trabajan en caso a diario, esta
documentando, sino en prensa en el los expedientes del caso.
La acusación en su contra, que se
decía inminente y contundente cuando el Presidente Pacheco pidió la renuncia, a
algunos diputados discutían si descolgar el cuadro del Salón de Ex presidentes
de la Asamblea Legislativa, se presentó hasta
pasados 1383 días desde el voluntario regreso de don Miguel Ángel; luego de
haber sufrido un año de prisión y el arresto domiciliar. (y ahí no hubo marchas
de diputados, pero si miles de firmas de ciudadanos que presentamos en un
documento ante la Corte Plena pidiendo un justicia pronta y cumplida, yo personalmente
se lo di en mano a Don Luis Paulino Mora q.D.g.)
Posteriormente, la acusación se presentó como
cohecho impropio. Luego, el auto de apertura a juicio, la enmarca como un
posible enriquecimiento ilícito a sobreseer o probar en juicio. Al inicio del
juicio el Ministerio Público cambia la acusación a cohecho propio y un año
después en las conclusiones del juicio la volvió a cambiar a instigación para un
cohecho impropio.
Es evidente la dificultad de acusarle
de algún delito con base en los hechos investigados y presentados a juicio
porque: ¡no hay delito!; así como bajo estas condiciones es muy difícil ejercer
una apropiada defensa, cuando no se sabe de cual delito se tiene que defender!
Todo el tinglado, todo el proceso
costosísimo en tiempo y recursos, que continua todavía, se resume a que José
Antonio Lobo Solera dijo, y la fiscalía le creyó (o le instigó a decirlo), que
la plata que él recibió por comisiones a cambio de su voto favorable para una
licitación millonaria (y que por cierto impunemente se dejó en su gran
mayoría), había sido “un compadre hablado” con el ex presidente de la
República. Pero no hay, ni hubo, pruebas -ni legales ni ilegales- que sostengan
ese decir de Lobo, y quedó claro a lo largo del proceso que este lo dijo así
solo por la jugosa oferta de ser “testigo de la corona”, que a la postre le exoneró
de la prisión a pesar de los delitos que Lobo admitió haber cometido.
Durante estos casi 11 años hemos
visto la exhibición cruel que el exministro
de seguridad Rogelio Ramos y el expresidente Abel Pacheco organizaron
para la detención ilegal -en el aeropuerto- de don Miguel, el uso de pruebas
falsas por parte de fiscales para enviarle a prisión, el incumplimiento de
deberes para no investigar los delitos de José Antonio Lobo, las mentiras
dichas a los jueces para tratar de sostener un criterio de oportunidad
ilegitimo, el ocultamiento de pruebas; hechos documentados y ratificados ya no
solo por la defensa de don Miguel Ángel sin por varios jueces a lo largo del
proceso.
A estas alturas del proceso, varios
jueces de la República, con contundencia en sus análisis y escritos han
declarado la absolutoria en favor de don Miguel; esa absolutoria se debe a que
no hubo prueba alguna, legítima o no, en su contra; y a que no se logró en todo
el proceso de investigación, ni de juicio elemento alguno que le diera soporte
a lo dicho por el delincuente confeso Lobo Solera.
Hace un par de semanas quedo visto el
caso de la apelación de esa sentencia absolutoria, y al igual que en las audiencias,
las casaciones y las apelaciones previas; que han llevado tanto tiempo y
recursos, la esencia del asunto sigue incólume:
no hay caso contra don Miguel Ángel.
Es por esto que -a pesar de las
apelaciones- ya determinó, en etapas previas la inocencia plena del ex
presidente Rodríguez.
En un
estado de Derecho, es preciso garantizar y tutelar el debido proceso
sobre todo cuando las circunstancias prevalecientes en el contexto público son
adversas para un imputado, cuando la tensión entre las creencias y expectativas
públicas –que lógicamente en una sociedad interactiva y altamente conectada y
comunicad alcanzan a permear a los
mismos jueces y a dislocar su juicio-, y las disposiciones procesales,
incitan a una justicia refleja, que se exculpa a sí misma por desguarnecer la
protección de los derechos del imputado debido a la necesidad popular de la
condena.
En un
Estado de Derecho, el juez es la boca de la Constitución y de la ley: si así no
fuera, el Estado de Derecho dejaría de ser lo que es, y las sentencias de los
jueces cederían ante los editoriales de la prensa.
Es hora de
terminar ya con este asunto.
Si
este fuese el caso de “Perico de los palotes”, hace tiempo hubiera terminado ya.
Basta ya de la condena mediática, es hora de que los jueces que analizan la
apelación de la sentencia de don Miguel Ángel actúen como boca de la ley.
