En América Latina le decimos, de forma coloquial, chanchada a una cochinada, a una acción malintencionada; así, el pasado 24 de junio, disimulado entre la noticia de la cerdita -nueva mascota presidencial en Zapote- y los aromas a aguacate que aún prevalecían en el ambiente noticioso costarricense, los medios dieron aviso sobre la determinación de la señora juez de la República, doña Saylin Ballestero, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, de elevar a juicio lo que se conoce como el caso de los reaseguros de las pólizas del ICE en el INS.
Este caso en el que la imaginación y la acción malintencionada de la
fiscalía y el INS involucraron hace ya
más de 10 años al ex presidente Miguel Angel Rodriguez Echeverria ya había sido visto en una primera
audiencia y en una vista de apelación por otros varios jueces que había
determinado ya el sobreseimiento de don Miguel Angel; pero ahora, luego de, ya no solo hablemos de los
más de 120 meses de duración del proceso, sino de los ochocientos trece mil
millones doscientos treinta y un mil novecientos dos colones ( ₡ 813.231.902,16)
gastados por el INS (sin contar los costos para el Poder Judicial) o los gastos incurridos por los acusados en su
defensa, la señora jueza decide reiniciar el proceso, esto sin contar con
elementos nuevos o adecuados que así lo ameriten.
Según un oficio de febrero pasado, firmado por expresidente ejecutivo del
INS, y actual ministro de la presidencia don Sergio Alfaro Salas, entre otros
rubros, esta astronómica millonaria cifra de colones se la han repartido entre:
el abogado externo contratado por del INS, don Erick Gatgens; quien ha cobrado honorarios en el orden de los
trescientos veinte millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta
y un mil colones (₡ 320.999.681,32) más un plus de cuarenta y cuatro mil
dólares por esta segunda audiencia ($44.000,00; es decir unos ₡ 23.482.948,18
más ) para un total de ₡ 344.482.629,50
trescientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil
seiscientos veintinueve colones; funcionarios del INS, incluyendo al ex
presidente ejecutivo Guillermo Constenla, han realizados sendos viajes fuera
del país -justificados con este caso-, que le han costado al INS doce millones
quinientos cinco mil ochocientos treinta y nueve mil colones (₡ 12.505.839,15)
y el INS ha destinado en “apoyo a la fiscalía” doscientos sesenta y cinco
millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y un colones(₡265.546.281,34).
Estos, alrededor de ochenta y un millones de colones al mes que se han
venido festinando desde hace una década en el INS, sus contratados y la fiscalía, se han traducido en una
acusación que se fundamenta básicamente en que:
Miguel Angel Rodriguez Echeverria fue electo presidente de Costa Rica.
(Querella: hecho 4, Acusación: hecho 2), que una vez electo nombró personas en
quienes tenía confianza y que eran compañeros de su partido político, en
puestos claves de instituciones públicas (Querella: hecho 6; acusación hechos
14 y 15) que en su condición y calidad de Presidente mantuvo reuniones con don
Cristóbal Zawadsky (Querella: hecho 7; acusación hechos 3 y 4), a quien, a su
vez, el consejo de gobierno había nombrado presidente ejecutivo del INS. De lo
que, luego de un análisis ¿sesudo?, que ha costado a los costarricenses miles
de millones de colones de dinero público, se desprende: hay un plan delictivo.
Seamos sinceros, a pesar del descredito y la muy bien orquestada campaña de
algunos sectores para deslucir el cargo de Presidente de la República y a quien
ostente el cargo, con que nos regocijamos los costarricenses: ¿Cuál regla de
experiencia con relación a la elección de una persona como presidente, se puede
aplicar al hecho indicador de que haber sido presidente es un indicio de
actividad criminal? La experiencia en nuestro país y en el mundo entero es que
el jefe de gobierno nombra para acompañarlo en sus funciones a personas en las
cuales tiene confianza y son su compañeros de partido. Para eso precisamente se
forman los partidos, para conformar equipos de gobierno. Este hecho real no es,
ni ha sido indicio de ningún delito.
Pero más sorprendente que esto y que lo costosa que ha resultado la
redacción de esta novela de mal
argumento que es la querella presentada por la fiscalía y el INS , es notar en
el detalle del expediente que todo este
tinglado surge a partir de un Convenio de Cooperación para Capacitación de
funcionarios del INS que fue respaldado por dineros de las empresas
reaseguradoras, al que, según la acusación, se le puede atribuir el presunto acto
de peculado cometido por los acusados; pero, aunque eso fuera así, este fondo
se ordena en una reunión de la Junta
Directiva del INS que consta en el Acta del 12 de noviembre de 1997, -antes de
que Miguel Ángel fuera tan siquiera electo- donde se acuerda: “Instruir -vìa Gerencia- a la Asesoría en
Reaseguros para que estable negociaciones con las corredoras de reaseguros,
tendientes a la facilitación de los recursos económicos para crear un fondo de
Educación para funcionarios del instituto, el cual deberá conformarse de manera
proporcional a las comisiones por concepto de corretaje”; por iniciativa del
Sr.Hans Bücher directivo, se acuerda por la junta llevar un record de cómo se
deben manejar las capacitaciones que con fondos de los reaseguradores se venían
dando y de esa reunión sale esa búsqueda de fondos de formación que se venían
usando -claramente demostrado en el expediente- desde 1995, todo esto según consta en las pruebas: 6 meses antes de que Miguel Angel Rodriguez
Echeverria fuera electo, y nombrara a Zadwaski presidente ejecutivo del INS.
¡Más de trescientos millones de colones en honorarios y no concuerdan las
fechas!, ni los nombres, ni las presuntas actividades delictivas.
Prueba de la dejadez, de la falta de profesionalidad y la ligereza con la
que, a pesar de los miles de millones de colones gastados, han manejado este
asunto, es el de don Porfirio Brenes, quien figuraba como implicado en el caso,
Giselle Rivera, fiscal del caso, confirmó que hubo una equivocación al
involucrar a Brenes. El error se cometió al confundirlo con otra persona del
mismo nombre, y por lo mismo se pidió desligarlo de la causa, no obstante don
Porfirio, soldador tuvo grandes consecuencias laborales y económicas. En una
entrevista en 2013 decía don Porfirio: “…
yo soy un humilde trabajador que día a día lucho por ganar la comida de la
familia. Lamento mucho que no investigaran el caso a fondo, … para ese momento
laboraba en una compañía que le trabajaba al ICE. Una de las medidas que me
impusieron en el 2005 fue la suspensión del trabajo sin goce salarial; para ese
entonces trabajaba en el Proyecto Geotérmico Miravalles. “Era obvio que
necesitaba hacerlo y tuve que buscar por otro lado para poder sobrevivir.”
A este tenor, nuevamente no hay forma material en este caso para la
fiscalía ni los acusadores de comprobar algún supuesto pago de dineros a una
cuenta del expresidente Rodriguez, básicamente porque no los hubo.
Esto ya no solo creyendo lo que reiteradamente ha sostenido el Presidente
Rodríguez desde su regreso a Costa Rica para enfrentar los cargos en su contra,
sino porque en este caso los personeros de la firma reaseguradora, han
atestiguado no conocer ni saber nada sobre los presuntos pagos al Expresidente.
El británico Julian Messent, exejecutivo de la reaseguradora inglesa PWS
Holding, se declaró culpable ante una corte de Londres de repartir comisione
entre tres funcionarios públicos de Costa Rica para mantener un contrato de
póliza con el INS. El británico fue condenado a 21 meses de cárcel y a compensar a Costa
Rica con $159.000 (unos ¢80 millones) por sobornar a exfuncionarios del ICE y
del INS con la finalidad de mantener el contrato de la póliza U-500, Messent
afirmó que efectivamente giró el dinero
en 41 cuotas, para conservar los contratos de reaseguro de la póliza, la cual
cubre todos los bienes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El caso
contra Messent se juzgó en la corte de Southwark, Londres. Valga aquí decir que
Fondo de Asistencia Técnica de la póliza U500 se origina a solicitud del ICE
desde principios de 1997, igualmente antes de que Miguel Angel llegara a la
presidencia.
Roberto González Chinchilla un acusado en el caso aceptó el hecho, ofreció devolver
$35.000 de los pagos recibidos y
declarar en contra de otros imputados. Ese cambio fue avalado por la jueza,
Rosana Burgos, durante la primer audiencia preliminar, la declaración de
González tampoco indica nada en relación al expresidente Rodríguez. Pero aun
así, con falta a la verdad y sin prueba la acusación del INS dice que el
convenio hecho por un funcionario del INS con funcionarios de PWS para recibir
esas comisiones, consistía en la apertura de unas cuentas en la contabilidad de
PWS para acreditar dinero, que luego se le transfiriera a ese funcionario, y a
Miguel Angel Rodríguez. ¿Dónde está la prueba de esos convenios? ¿Dónde están
los pago?, todos los involucrados dicen expresamente que ninguno conocía al
Expresidente ni sabía que hubiera dineros
de PWS destinados a él: porque no
lo había. En el expediente se encuentran las declaración de Julian Messent; de
John Gamlim, Adam Braggs; y de John Haugues y el arreglo para ser testigo de la
corona de González Chinchilla que respaldan esto.
Desde la misma fiscalía general de la Republica, mediante los informes
2-1/11/2010 y 1-10/1/2011, la fiscala Gisele Rivera Chacón dejó al descubierto
una serie de fallas que cometió el Ministerio Público durante la investigación
por el caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).Se trata
de dos informes internos que elaboró Rivera para el fiscal general de la
República, Jorge Chavarría, pero que fueron incorporados por ella al expediente
judicial y, por tanto, conocidos por todas las partes del proceso. Los
documentos señalaron, entre otras cosas, debilidades en la acusación, pues no se
logra describir conductas delictivas de los imputados.
El INS se gastó cincuenta y tres
millones setecientos dos mil seiscientos cinco colones (₡ 53.702.605,83 ) en el
Bufete de Abogados Hogan Lovels International LLP en Londres. A pesar de ello,
el juicio por los reaseguros fue perdido por el Instituto Nacional de Seguros
(INS) en los Estados Unidos, y le costará a la empresa estatal $10,3 millones.
El pasado 6 de enero el INS fue notificado de que deberá pagar las costas del
proceso legal por $4,3 millones a la empresa inglesa corredora de reaseguros
Howden, así como a la estadounidense HRG.A la primera le cancelará $3,1 millones
y a la segunda $1,2 millones. En el 2009, parece que con la misma claridad que
lo hace en Costa Rica en el caos que ya había sido sobreeido, el INS acusó a
las corredoras foráneas por cobrar un sobreprecio de $1 millón, al colocar la
póliza de reaseguro U-500, que cubre los bienes de Instituto Costarricense de
Electricidad ( ICE). El INS perdió el juicio civil en un tribunal de Florida,
en EE. UU., en febrero del 2014, por rescindir el contrato con las reaseguradoras
foráneas
El caso en su totalidad ha sido, y por la decisión de la juez Ballestero,
seguirá siendo varios meses más: una cochinada, una acción malintencionada, lo
que decimos popularmente: una chanchada; en la que uno se pregunta si las
acciones delictivas perseguibles - que nos están costando millones- son las que
se están presumiendo, o si los presuntos delincuentes son realmente los que
están siendo perseguidos.
Tal vez a Ud. que lee, le caiga tan mal don Miguel Angel Rodriguez, sus
ideas, ideología y color político; que puede ser que hasta se alegre de verlo
en esta situación; puede ser que considere que “esta bueno lo que le pasa”
porque sí, porque es él y ya eso es para Ud. suficiente, puede ser que para Ud.
todo esto no es ninguna chanchada; hay
costarricense así, que le vamos a hacer. Pero si Ud. califica entre ellos, sepa
que esta chanchada en realidad no se la están haciendo solamente a don Miguel,
quien sé que -aunque algunas veces agotado, luego de una década de dar la cara-
tiene la tranquilidad y la paz que genuinamente ha encontrado en Dios y en su
fe, esa que da la verdad. Esta cochinada se la están haciendo a Ud. no solo por
los millones que usted está pagando para esto, sino al futuro del estado de
derecho y de la legalidad de Costa Rica para sus hijos y nietos.
Ricardo A. Salas-Bonilla