Justicia, pronta, cumplida y apegada a la legalidad

En los periódicos de Costa Rica, leo con alegría como, los representantes de de partidos colocados a extremos ideológicos como el Frente Amplio (izquierda) y el Movimiento Libertario (derecha) celebran un triunfo conjunto en cuanto a la resolución por parte del tribunal constitucional sobre la violación al derecho de justicia pronta y cumplida para con dos sindicalistas que ha sufrido una indebida y prolongada prisión preventiva. Otto Guevara y Gerardo Vargas encabezaron una marcha para protestar por el caso, que había venido hasta entonces manteniendo un perfil bajo y había pasado más bien desapercibido.

Ahora quisiera pedirle una lectura sobre otro acontecimiento del que escribo a menudo, este si con el impacto mediático y político como es un proceso penal en contra de un Expresidente de la República, que por estas circunstancias conlleva una inmensa carga emotiva que indudablemente afecta las percepciones de los ciudadanos.

Van  ya  casi 11 años desde mi amigo  don Miguel Angel Rodriguez Echeverria volvió voluntariamente a Costa Rica para someterse a la autoridad de los tribunales costarricenses ante las acusaciones que en su contra se vertieron en el denominado caso ICE-Alcatel. Como algunos saben, me une una relación, que yo califico como cercana con don Miguel Angel, y es por ello, así como por la estar muy pendiente al caso, que conozco detalles que no salen en la prensa, pero todo, absolutamente todo lo expuesto, por más poco creíble que pueda parecer, incluso a los abogados que trabajan en caso a diario, esta documentando, sino en prensa en el los expedientes del caso.

La acusación en su contra, que se decía inminente y contundente cuando el Presidente Pacheco pidió la renuncia, a algunos diputados discutían si descolgar el cuadro del Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa,  se presentó hasta pasados 1383 días desde el voluntario regreso de don Miguel Ángel; luego de haber sufrido un año de prisión y el arresto domiciliar. (y ahí no hubo marchas de diputados, pero si miles de firmas de ciudadanos que presentamos en un documento ante la Corte Plena pidiendo un justicia pronta y cumplida, yo personalmente se lo di en mano a Don Luis Paulino Mora q.D.g.)

Posteriormente, la acusación se presentó como cohecho impropio. Luego, el auto de apertura a juicio, la enmarca como un posible enriquecimiento ilícito a sobreseer o probar en juicio. Al inicio del juicio el Ministerio Público cambia la acusación a cohecho propio y un año después en las conclusiones del juicio  la volvió a cambiar a instigación para un cohecho impropio.

Es evidente la dificultad de acusarle de algún delito con base en los hechos investigados y presentados a juicio porque: ¡no hay delito!; así como bajo estas condiciones es muy difícil ejercer una apropiada defensa, cuando no se sabe de cual delito se tiene que defender!

Todo el tinglado, todo el proceso costosísimo en tiempo y recursos, que continua todavía, se resume a que José Antonio Lobo Solera dijo, y la fiscalía le creyó (o le instigó a decirlo), que la plata que él recibió por comisiones a cambio de su voto favorable para una licitación millonaria (y que por cierto impunemente se dejó en su gran mayoría), había sido “un compadre hablado” con el ex presidente de la República. Pero no hay, ni hubo, pruebas -ni legales ni ilegales- que sostengan ese decir de Lobo, y quedó claro a lo largo del proceso que este lo dijo así solo por la jugosa oferta de ser “testigo de la corona”, que a la postre le exoneró de la prisión a pesar de los delitos que Lobo admitió haber cometido.

Durante estos casi 11 años hemos visto la exhibición cruel que el exministro  de seguridad Rogelio Ramos y el expresidente Abel Pacheco organizaron para la detención ilegal -en el aeropuerto- de don Miguel, el uso de pruebas falsas por parte de fiscales para enviarle a prisión, el incumplimiento de deberes para no investigar los delitos de José Antonio Lobo, las mentiras dichas a los jueces para tratar de sostener un criterio de oportunidad ilegitimo, el ocultamiento de pruebas; hechos documentados y ratificados ya no solo por la defensa de don Miguel Ángel sin por varios jueces a lo largo del proceso.

A estas alturas del proceso, varios jueces de la República, con contundencia en sus análisis y escritos han declarado la absolutoria en favor de don Miguel; esa absolutoria se debe a que no hubo prueba alguna, legítima o no, en su contra; y a que no se logró en todo el proceso de investigación, ni de juicio elemento alguno que le diera soporte a lo dicho por el delincuente confeso Lobo Solera.

Hace un par de semanas quedo visto el caso de la apelación de esa sentencia absolutoria, y al igual que en las audiencias, las casaciones y las apelaciones previas; que han llevado tanto tiempo y recursos, la esencia del asunto sigue incólume:  no hay caso contra don Miguel Ángel.

Es por esto que -a pesar de las apelaciones- ya determinó, en etapas previas la inocencia plena del ex presidente Rodríguez.

En un estado de Derecho, es preciso  garantizar y tutelar el debido proceso sobre todo cuando las circunstancias prevalecientes en el contexto público son adversas para un imputado, cuando la tensión entre las creencias y expectativas públicas –que lógicamente en una sociedad interactiva y altamente conectada y comunicad  alcanzan a permear a los mismos jueces y a dislocar su juicio-,  y las disposiciones procesales, incitan a una justicia refleja, que se exculpa a sí misma por desguarnecer la protección de los derechos del imputado debido a la necesidad popular de la condena.

En un Estado de Derecho, el juez es la boca de la Constitución y de la ley: si así no fuera, el Estado de Derecho dejaría de ser lo que es, y las sentencias de los jueces cederían ante los editoriales de la prensa.

Es hora de terminar ya con este asunto.

 Si este fuese el caso de “Perico de los palotes”, hace tiempo hubiera terminado ya. Basta ya de la condena mediática, es hora de que los jueces que analizan la apelación de la sentencia de don Miguel Ángel actúen como boca de la ley.

CHANCHADA

En América Latina le decimos, de forma coloquial, chanchada a una cochinada, a una acción malintencionada; así, el pasado 24 de junio, disimulado entre la noticia de la cerdita -nueva mascota presidencial en Zapote- y los aromas a aguacate que aún prevalecían en el ambiente noticioso costarricense, los medios dieron aviso sobre la determinación de la señora juez de la República, doña Saylin Ballestero, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, de elevar a juicio lo que se conoce como el caso de los reaseguros  de las pólizas del ICE en el INS.

Este caso en el que la imaginación y la acción malintencionada de la fiscalía y el INS  involucraron hace ya más de 10 años al ex presidente Miguel Angel Rodriguez  Echeverria ya había sido visto en una primera audiencia y en una vista de apelación por otros varios jueces que había determinado ya el sobreseimiento de don Miguel Angel; pero  ahora, luego de, ya no solo hablemos de los más de 120 meses de duración del proceso, sino de los ochocientos trece mil millones doscientos treinta y un mil novecientos dos colones ( ₡ 813.231.902,16) gastados por el INS (sin contar los costos para el Poder Judicial) o  los gastos incurridos por los acusados en su defensa, la señora jueza decide reiniciar el proceso, esto sin contar con elementos nuevos o adecuados que así lo ameriten.

Según un oficio de febrero pasado, firmado por expresidente ejecutivo del INS, y actual ministro de la presidencia don Sergio Alfaro Salas, entre otros rubros, esta astronómica millonaria cifra de colones se la han repartido entre: el abogado externo contratado por del INS, don Erick Gatgens;  quien ha cobrado honorarios en el orden de los trescientos veinte millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y un mil colones (₡ 320.999.681,32) más un plus de cuarenta y cuatro mil dólares por esta segunda audiencia ($44.000,00; es decir unos ₡ 23.482.948,18 más ) para un total de  ₡ 344.482.629,50 trescientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos veintinueve colones; funcionarios del INS, incluyendo al ex presidente ejecutivo Guillermo Constenla, han realizados sendos viajes fuera del país -justificados con este caso-, que le han costado al INS doce millones quinientos cinco mil ochocientos treinta y nueve mil colones (₡ 12.505.839,15) y el INS ha destinado en “apoyo a la fiscalía” doscientos sesenta y cinco millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y un colones(₡265.546.281,34).

Estos, alrededor de ochenta y un millones de colones al mes que se han venido festinando desde hace una década en el INS, sus contratados  y la fiscalía, se han traducido en una acusación que se fundamenta básicamente en que:

Miguel Angel Rodriguez Echeverria fue electo presidente de Costa Rica. (Querella: hecho 4, Acusación: hecho 2), que una vez electo nombró personas en quienes tenía confianza y que eran compañeros de su partido político, en puestos claves de instituciones públicas (Querella: hecho 6; acusación hechos 14 y 15) que en su condición y calidad de Presidente mantuvo reuniones con don Cristóbal Zawadsky (Querella: hecho 7; acusación hechos 3 y 4), a quien, a su vez, el consejo de gobierno había nombrado presidente ejecutivo del INS. De lo que, luego de un análisis ¿sesudo?, que ha costado a los costarricenses miles de millones de colones de dinero público, se desprende: hay un plan delictivo.

Seamos sinceros, a pesar del descredito y la muy bien orquestada campaña de algunos sectores para deslucir el cargo de Presidente de la República y a quien ostente el cargo, con que nos regocijamos los costarricenses: ¿Cuál regla de experiencia con relación a la elección de una persona como presidente, se puede aplicar al hecho indicador de que haber sido presidente es un indicio de actividad criminal? La experiencia en nuestro país y en el mundo entero es que el jefe de gobierno nombra para acompañarlo en sus funciones a personas en las cuales tiene confianza y son su compañeros de partido. Para eso precisamente se forman los partidos, para conformar equipos de gobierno. Este hecho real no es, ni ha sido indicio de ningún delito.

Pero más sorprendente que esto y que lo costosa que ha resultado la redacción de esta novela  de mal argumento que es la querella presentada por la fiscalía y el INS , es notar en el detalle del expediente  que todo este tinglado surge a partir de un Convenio de Cooperación para Capacitación de funcionarios del INS que fue respaldado por dineros de las empresas reaseguradoras, al que, según la acusación, se le puede atribuir el presunto acto de peculado cometido por los acusados; pero, aunque eso fuera así, este fondo se ordena en una  reunión de la Junta Directiva del INS que consta en el Acta del 12 de noviembre de 1997, -antes de que Miguel Ángel fuera tan siquiera electo- donde se acuerda: “Instruir -vìa Gerencia- a la Asesoría en Reaseguros para que estable negociaciones con las corredoras de reaseguros, tendientes a la facilitación de los recursos económicos para crear un fondo de Educación para funcionarios del instituto, el cual deberá conformarse de manera proporcional a las comisiones por concepto de corretaje”; por iniciativa del Sr.Hans Bücher directivo, se acuerda por la junta llevar un record de cómo se deben manejar las capacitaciones que con fondos de los reaseguradores se venían dando y de esa reunión sale esa búsqueda de fondos de formación que se venían usando -claramente demostrado en el expediente- desde 1995,  todo esto según consta en  las pruebas:  6 meses antes de que Miguel Angel Rodriguez Echeverria fuera electo, y nombrara a Zadwaski presidente ejecutivo del INS.

¡Más de trescientos millones de colones en honorarios y no concuerdan las fechas!, ni los nombres, ni las presuntas actividades delictivas.

Prueba de la dejadez, de la falta de profesionalidad y la ligereza con la que, a pesar de los miles de millones de colones gastados, han manejado este asunto, es el de don Porfirio Brenes, quien figuraba como implicado en el caso, Giselle Rivera, fiscal del caso, confirmó que hubo una equivocación al involucrar a Brenes. El error se cometió al confundirlo con otra persona del mismo nombre, y por lo mismo se pidió desligarlo de la causa, no obstante don Porfirio, soldador tuvo grandes consecuencias laborales y económicas. En una entrevista en 2013 decía don Porfirio: “… yo soy un humilde trabajador que día a día lucho por ganar la comida de la familia. Lamento mucho que no investigaran el caso a fondo, … para ese momento laboraba en una compañía que le trabajaba al ICE. Una de las medidas que me impusieron en el 2005 fue la suspensión del trabajo sin goce salarial; para ese entonces trabajaba en el Proyecto Geotérmico Miravalles. “Era obvio que necesitaba hacerlo y tuve que buscar por otro lado para poder sobrevivir.”

A este tenor, nuevamente no hay forma material en este caso para la fiscalía ni los acusadores de comprobar algún supuesto pago de dineros a una cuenta del expresidente Rodriguez, básicamente porque no los hubo.

Esto ya no solo creyendo lo que reiteradamente ha sostenido el Presidente Rodríguez desde su regreso a Costa Rica para enfrentar los cargos en su contra, sino porque en este caso los personeros de la firma reaseguradora, han atestiguado no conocer ni saber nada sobre los presuntos pagos al Expresidente.

El británico Julian Messent, exejecutivo de la reaseguradora inglesa PWS Holding, se declaró culpable ante una corte de Londres de repartir comisione entre tres funcionarios públicos de Costa Rica para mantener un contrato de póliza con el INS. El británico fue condenado  a 21 meses de cárcel y a compensar a Costa Rica con $159.000 (unos ¢80 millones) por sobornar a exfuncionarios del ICE y del INS con la finalidad de mantener el contrato de la póliza U-500, Messent afirmó  que efectivamente giró el dinero en 41 cuotas, para conservar los contratos de reaseguro de la póliza, la cual cubre todos los bienes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El caso contra Messent se juzgó en la corte de Southwark, Londres. Valga aquí decir que Fondo de Asistencia  Técnica de  la póliza U500 se origina a solicitud del ICE desde principios de 1997, igualmente antes de que Miguel Angel llegara a la presidencia.

Roberto González Chinchilla un acusado en el caso aceptó el hecho, ofreció devolver $35.000 de los  pagos recibidos y declarar en contra de otros imputados. Ese cambio fue avalado por la jueza, Rosana Burgos, durante la primer audiencia preliminar, la declaración de González tampoco indica nada en relación al expresidente Rodríguez. Pero aun así, con falta a la verdad y sin prueba la acusación del INS dice que el convenio hecho por un funcionario del INS con funcionarios de PWS para recibir esas comisiones, consistía en la apertura de unas cuentas en la contabilidad de PWS para acreditar dinero, que luego se le transfiriera a ese funcionario, y a Miguel Angel Rodríguez. ¿Dónde está la prueba de esos convenios? ¿Dónde están los pago?, todos los involucrados dicen expresamente que ninguno conocía al Expresidente ni sabía que hubiera dineros  de PWS destinados a él:  porque no lo había. En el expediente se encuentran las declaración de Julian Messent; de John Gamlim, Adam Braggs; y de John Haugues y el arreglo para ser testigo de la corona de González Chinchilla que respaldan esto.

Desde la misma fiscalía general de la Republica, mediante los informes 2-1/11/2010 y 1-10/1/2011, la fiscala Gisele Rivera Chacón dejó al descubierto una serie de fallas que cometió el Ministerio Público durante la investigación por el caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).Se trata de dos informes internos que elaboró Rivera para el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, pero que fueron incorporados por ella al expediente judicial y, por tanto, conocidos por todas las partes del proceso. Los documentos señalaron, entre otras cosas, debilidades en la acusación, pues no se logra describir conductas delictivas de los imputados.

 El INS se gastó cincuenta y tres millones setecientos dos mil seiscientos cinco colones (₡ 53.702.605,83 ) en el Bufete de Abogados Hogan Lovels International LLP en Londres. A pesar de ello, el juicio por los reaseguros fue perdido por el Instituto Nacional de Seguros (INS) en los Estados Unidos, y le costará a la empresa estatal $10,3 millones. El pasado 6 de enero el INS fue notificado de que deberá pagar las costas del proceso legal por $4,3 millones a la empresa inglesa corredora de reaseguros Howden, así como a la estadounidense HRG.A la primera le cancelará $3,1 millones y a la segunda $1,2 millones. En el 2009, parece que con la misma claridad que lo hace en Costa Rica en el caos que ya había sido sobreeido, el INS acusó a las corredoras foráneas por cobrar un sobreprecio de $1 millón, al colocar la póliza de reaseguro U-500, que cubre los bienes de Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE). El INS perdió el juicio civil en un tribunal de Florida, en EE. UU., en febrero del 2014, por rescindir el contrato con las reaseguradoras foráneas

El caso en su totalidad ha sido, y por la decisión de la juez Ballestero, seguirá siendo varios meses más: una cochinada, una acción malintencionada, lo que decimos popularmente: una chanchada; en la que uno se pregunta si las acciones delictivas perseguibles - que nos están costando millones- son las que se están presumiendo, o si los presuntos delincuentes son realmente los que están siendo perseguidos.

Tal vez a Ud. que lee, le caiga tan mal don Miguel Angel Rodriguez, sus ideas, ideología y color político; que puede ser que hasta se alegre de verlo en esta situación; puede ser que considere que “esta bueno lo que le pasa” porque sí, porque es él y ya eso es para Ud. suficiente, puede ser que para Ud. todo esto no es ninguna chanchada;  hay costarricense así, que le vamos a hacer. Pero si Ud. califica entre ellos, sepa que esta chanchada en realidad no se la están haciendo solamente a don Miguel, quien sé que -aunque algunas veces agotado, luego de una década de dar la cara- tiene la tranquilidad y la paz que genuinamente ha encontrado en Dios y en su fe, esa que da la verdad. Esta cochinada se la están haciendo a Ud. no solo por los millones que usted está pagando para esto, sino al futuro del estado de derecho y de la legalidad de Costa Rica para sus hijos y nietos.

Ricardo A. Salas-Bonilla